Desde que se aprobó la Ley del Aborto del 85, los niños no nacidos han quedado cada año más desprotegidos en las instituciones públicas españolas. Ante la iniciativa socialista para crear una subcomisión que discuta el cambio de la actual ley para pasar a una que declare el aborto libre, hemos presenciado el espectáculo que han dado los partidos conservadores y democristianos en el Parlamento: el PNV ha apoyado la iniciativa, CiU se abstiene y el PP la rechaza, pero no por rechazar el aborto, sino porque considera óptima la actual ley genocida.
El cambio que prepara el PSOE es la última vuelta de tuerca del sistema para atacar a la Vida desde su concepción. Hasta ahora, el aborto es considerado un delito despenalizado en tres supuestos: violación, malformación del feto y grave pelígro físico o psíquico para la madre. En las útltimas décadas, y con la anuencia de todos los partidos que han gobernado en el Estado o en cada comunidad autónoma, esta ley que de por sí es catastrófica, ha dado lugar a una situación de aborto libre gracias a la ambigüedad del tercer supuesto legal. Lo que ahora pretenden los socialistas y los democristianos es que el aborto pase de ser un delito a ser reconocido como un derecho. La práctica seguiría siendo la misma, pero esta vez de forma legal y reconociendo en la legislación que una madre tiene derecho sobre la vida de su hijo.
Sí, como siempre que se toma una iniciativa de este tipo, cabe preguntarse, ¿es acorde a lo que estableció el Tribunal Constitucional acerca del conflicto que se establece en una aborto entre la madre y el nasciturus? ¿Encaja la doctrina del TC con la pretensión de convertir el aborto de delito a derecho? Y la respuesa es: no, no es coherente con lo dicho por el Tribunal Constitucional. Pero a estas alturas en las que el poder judicial de España ya ha rechazado en varias ocasiones la ley natural e incluso su propia doctrina, ¿acaso importa algo? ¿Podemos los españoles, y más los que aún no han nacido, esperar amparo de la Justicia de este país?
Y es que no sólo las instituciones políticas están corrompidas moralmente: todo el aparato del Estado, incluyendo la Justicia, se ha convertido en una maquinaria de laminar y desbrozar derechos sin contemplación.
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