En respuesta a una ciudadana que se quejaba del acuerdo por el que se financia la prestación de abortos por parte de la Clínica Gimenédica, la Consejería de Salud de la Junta de Castilla y León ha justificado el pago de dichos abortos con dinero público apelando al «derecho a la maternidad libremente decidida» de las mujeres. La Consejería asegura que las políticas de protección de la vida prenatal son eficaces mediante el apoyo a las mujeres embarazas y a la maternidad, pero «pretendiendo que el bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articule a través de la voluntad de la mujer y no contra ella»
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