El Tribunal Supremo ha rechazado la legalidad de la objeción de conciencia contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. El gobierno, que parece tener mucha prisa por adoctrinar al personal en una doctrina que no es tal, sino pura ideología, ha anunciado que obligará a los objetores a recuperar las horas perdidas.
El cerco se estrecha. Al avasallamiento de la conciencia por parte del gobierno se añade la pinza que el Poder Judicial ha decidido realizar con el Ejecutivo. Los socialistas, que de tontos no tienen nada, siempre han tenido claro que donde se ganan pueblos, votos y esclavos es en la propaganda, y si está se inyecta en la juventud en forma de educación, más garantías de éxito. La exigua victoria lograda en la primera legislatura de ZP fue la chispa necesaria para intentar el último golpe contra España. Más aborto, más ideología y más esclavitud intelectual para desbrozar los restos de fe católica que quedan en nuestra Patria.
La sentencia del Tribunal Supremo, en realidad, no sorprende. La Constitución del 78 y la actual legislación se hicieron para ésto. Para, desde la soberanía nacional, llegar a la borreguería internacional. A medida que más se ensalza la democracia, más crece el poder de los Estados, que llevan a cabo un proceso de homogeneización de sus pueblos a base de procurar violentar la Ley Natural y toda moral objetiva.
Siempre quedará la resistencia. Y nunca viene mal que ésta haga uso de los recursos legales que se tengan a mano. Pero, por favor, descubramos de una vez que ningún Tribunal Supremo, ni de aquí, ni de país alguno de occidente, va a defendernos del Estado. Todo tribunal y todo estado que renuncian a confesar a Dios, a Cristo, sólo puede ir en una dirección, la del poder desenfrenado que extiende la mayor esclavitud que existió jamás. La esclavitud de la conciencia. Por todo ello, la sentencia del Tribunal Supremo no podía ser otra.
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