jueves, 11 de diciembre de 2008

Murcia, a favor de la imposición de EpC

¿Adivinan qué partido gobierna en Murcia?

Murcia pretende obligar a asistir a clase a los hijos de objetores a EpC

La Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia enviará una circular a todos los centros "diciendo que, por ley, todos los alumnos deben asistir a clase y examinarse" de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). ¡Denuncia este nuevo atropello a los derechos fundamentales de los padres y sus hijos!
Pincha aquí para denunciar este nuevo atropello a los derechos fundamentales de los padres
Amparándose en un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que deniega la exención cautelar en EpC que solicitaban unos padres objetores para su hija hasta que la Sala dicte sentencia, el Gobierno murciano pretende obligar a todos los hijos de objetores a entrar a esas clases por la fuerza.
Para justificar ese drástico cambio en su actitud respecto de la objeción y el alejamiento evidente de las directrices marcadas por el XVI Congreso del PP celebrado en Valencia, el Ejecutivo regional además de convertir falsamente en sentencia el mencionado auto, asegura que la citada resolución judicial establece la obligación de la asistencia a clase y el examen de la asignatura para de todos los alumnos, cuando lo cierto es que tan sólo se refiere a la alumna mencionada.
La Consejería amenaza con que, según la normativa nacional y la autonómica de esa Región, estos alumnos no sólo podrían ser suspendidos, sino que se les podría negar la promoción y titulación en ESO, tal y como parece recogerse en la ambigua circular que la Consejería envió a todos los centros educativos el pasado 26 de marzo, así como en la Orden de 12 de diciembre de 2007 de la Consejería de Educación que regula la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.
Igualmente, los alumnos quedan en situación de total indefensión legal ante la posibilidad de que se les apliquen medidas disciplinarias directas, tal y como aparece recogido en el Decreto número 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares.
Todo esto convierte a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la que de una forma más dura e inapelable puede reprimir y violar los derechos fundamentales de los padres objetores de conciencia a la EpC de toda España. Gobernada por el Partido Popular, demuestra por enésima vez el enorme engaño y la gran estafa que este partido político está perpetrando en lo relativo a este tema a nivel nacional.

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