Nota de Prensa de la CTC sobre el caso del Juez Calamita

La Comunión Tradicionalista expresa su apoyo al juez Calamita y denuncia el carácter totalitario del sistema constitucional

La Delegación de Vida y Familia de la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC) quiere expresar su fraternal apoyo a D. Fernando Ferrín Calamita, magistrado condenado por el Tribunal Superior de Murcia a más dos años de suspensión de empleo y sueldo, además de obligarle a pagar una multa de 6.000 euros y a hacerse cargo de las costas del juicio. Al escarnio cometido por el órgano judicial, se añade la conservación de Calamita de la condición de juez, por lo que, debido al sistema de incompatibilidades, tendrá prohibido durante la suspensión ejercer cualquier trabajo remunerado.

Recordemos que el Sr. Calamita fue acusado de un delito de prevaricación al retrasar la adopción de una niña por parte de una pareja de lesbianas. A lo largo de este proceso el juez declaró que los niños adoptados por parejas homosexuales son “cobayas humanas” y que durante el juicio de adopción por el que se le acusa “siempre veló por el interés de la menor”.

Ante la rectitud de conciencia mostrada por el Sr. Ferrín Calamita, la Justicia del Estado constitucional no ha dudado en dictar una sentencia que se ensaña con el juez y su familia, condenándolos al ostracismo mientras dure su suspensión profesional.

Por todo ello, la Comunión Tradicionalista quiere denunciar una vez más el carácter totalitario del sistema que padecemos los españoles, puesto que a día de hoy ni los jueces escapan a los desvaríos políticos que pretenden violentar la Ley Natural y destrozar a la familia, fundamento de toda sociedad. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial se funden en uno y quedan sometidos a la etérea y abstracta soberanía popular, en virtud de la cual se comete cualquier atropello contra la persona y la naturaleza humana.

Cada vez de manera más clara se constata que el Estado actúa sin regirse por ningún principio moral que limite sus actuaciones. Al contrario, los derechos más fundamentales de la persona se ven atacados, siendo los más débiles quienes quedan indefensos ante el atropello estatal. Así, el mensaje del Tribunal Superior de Murcia es claro y rotundo: el juez Calamita no tenía derecho a proteger a la niña que iba a ser adoptada por una pareja contra natura. La menor, verdadera víctima de las leyes del sistema, ha quedado oficialmente desprotegida ante los arbitrarios vaivenes del relativismo moral imperante.

Nada de esto resulta extraño cuando, desde la llegada de la Constitución de 1978, el poder público en España ha abandonado cualquier referencia a Dios como fuente de toda política que busca el bien común. La Comunión Tradicionalista Carlista recuerda que sin Dios, el hombre se encuentra desamparado ante un poder político cada día más fuerte y alejado de toda base moral.